Introducción El presente documento evalúa la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano, analiza el rol de la sociedad civil y política venezolana frente a los mencionados derechos y propone acciones para la activación de la sociedad civil en aras de la exigibilidad de los mismos. Las primeras tres secciones del presente documento tienen como base la investigación académica realizada por su autora entre los meses de enero y julio de 2009-“El Sistema Penitenciario Venezolano durante los 50 años de la Democracia Petrolera, 1958-2008”-, l a cual tuvo como objeto conocer el desarrollo del sistema penitenciario durante el lapso señalado, a través del análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos que lo componen ­edificaciones, el personal penitenciario y la población reclusa- así como de las políticas y gestión programática del Ministerio de Justicia en las áreas de educación, salud, trabajo y asistencia social al recluso. Igualmente, se analizó exhaustivamente el marco jurídico del sistema, integrado por la Constitución, por leyes y reglamentos 1 . La referida investigación documenta la historia de 50 años de fracaso del Estado venezolano, que durante todo este tiempo no fue capaz de gerenciar el sistema penitenciario de manera coherente con lo establecido en la Constitución y las leyes y propiciar a los reclusos una vida digna y respetuosa de sus derechos humanos. Aun cuando la primera parte de este documento se centra en el análisis de los últimos 10 años, es de la mayor importancia no perder de vista la perspectiva histórica, pues ella da perfecta cuenta de que el problema penitenciario es estructural y se viene arrastrando desde largo tiempo, lo que sugiere las dificultades que entraña los intentos para resolverlo. Por estar convencidos de que la construcción de una agenda social para la exigibilidad de los derechos humanos de la población reclusa debe ser una tarea colectiva, en la cual participen los sectores directamente involucrados, para el desarrollo de las secciones IV y V de este documento se realizó una serie de actividades, durante las cuales se obtuvieron insumos para la propuesta de la agenda. Dichas actividades fueron: El taller de expertos realizado el 15 de abril de 2010, en la sede del ILDIS, en el cual lo/as participantes contribuyeron a establecer prioridades para la construcción de la agenda: la sensibilización de la sociedad en su conjunto, respecto a la situación penitenciaria del país y en torno a la garantía de los derechos humanos de los privados de libertad, así como la formación en derechos humanos de los reclusos, sus familiares, funcionarios, medios de comunicación, formadores de opinión en general, empezando por convencer a los reclusos de que son sujetos de derechos; entrevistas sostenidas con alguno/as asistentes al taller seleccionados entre los que, en aquella ocasión, hicieron aportes, sobre los cuales se consideró oportuno profundizar. Dichos encuentros fueron muy fructíferos pues permitieron tener conocimiento más acabado acerca de aspectos de la sub-cultura 1 Las fuentes de información fueron: Gacetas Oficiales, Planes de la Nación, Leyes de Presupuestos y principalmente las Memoria y Cuenta y Estadística Delictiva, ambos del Ministerio de Justicia, luego Ministerio del Interior y Justicia y después Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Para el análisis de la información contenida en los referidos documentos se utilizaron como apoyo los Informes Anuales(1988-2008) del Programa Venezolano de Educación– Acción en Derechos Humanos(PROVEA), prestigiosa organización no gubernamental fundada en el año 1988; el Informe del Ministerio Público sobre la Situación Penitenciaria de Venezuela, años 1979–1984; el Documento denominado“Situación Actual del Sistema Penitenciario Venezolano”, diagnóstico realizado en el año 2005 por el Ministerio de Justicia; los estudios publicados por el Observatorio de Prisiones, organización creada en el año 2002 y la bibliografía nacional. 1