Orientación Femenina-INOF- para los hijos de las reclusas; las iglesias cristianas despliegan una intensa actividad que ayuda a los reclusos a construir un proyecto de vida con miras a una exitosa reinserción social; las universidades del Zulia, de Carabobo y Central de Venezuela han tenido un desempeño estelar realizando actividades formativas en los penales, llegando incluso a dirigir núcleos universitarios en algunos establecimientos. En tal sentido, la Universidad Nacional Abierta(UNA) presta un servicio muy importante. Varias universidades privadas entre las cuales se destaca la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello(UCAB) mantienen un activo voluntariado penitenciario; esta última desde los años 60, apoyando a los internos en gestiones para el desenvolvimiento de su proceso y la obtención de su libertad. No obstante, estas acciones de la sociedad civil, poco aprovechadas por el Estado, tuvieron, durante muchos años, un carácter mas asistencial que de defensa de derechos humanos, cuyo paradigma comienza a cambiar en 1988, con el surgimiento de PROVEA que a través de sus informes anuales viene revelando, sistemáticamente, las violaciones de derechos ocurridas en el ámbito de las prisiones. Otras organizaciones sociales tales como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Una Ventana a la Libertad y la Fundación para el Debido Proceso, que han surgido en los últimos años, están orientadas específicamente a favorecer la garantía de los derechos humanos de la población reclusa, luchando en diversos frentes. A estas se han unido otras organizaciones integradas por exreclusos y familiares de los mismos tales como Liberados en Marcha, Podemos Ayudarte, Familiares por la Libertad, etc. Las acciones emprendidas por la sociedad organizada para promover la salvaguarda de los derechos humanos de los privados de libertad han dado frutos; las organizaciones han tenido logros y obtenido el reconocimiento y respeto a nivel nacional e internacional, vista la valentía, compromiso y eficiencia con la que actúan. No obstante, su esfuerzo se debilita porque su acción es aislada, está desarticulada, carece de seguimiento efectivo y están centradas más en los organismos internacionales, cuyas decisiones el gobierno nacional ignora. De allí la necesidad de repensar las estrategias sociales destinadas a favorecer la garantía de los derechos de los privados de libertad, de modo a superar, definitivamente, la visión asistencialista y adoptar de una vez por todas el enfoque de derechos, dando organicidad a la contraloría que se debe ejercer sobre las políticas y la actividad estatal; diseñando e implementando programas comunes y articulando las acciones. V.- Propuestas: activando la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos humanos de la población reclusa 5.1. Consideraciones en torno a los mecanismos de exigibilidad Se entienden por mecanismos de exigibilidad las vías para solicitar ante los organismos nacionales e internacionales el cese de la amenaza o la restitución de los derechos humanos de una población específica, en este caso de la población reclusa. La exigibilidad tiene tres dimensiones complementarias entre sí: la judicial, la política y la social. A la vía judicial se acude utilizando los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico interno(como por ejemplo el Amparo Constitucional), debiendo hacerse estricto seguimiento a las decisiones judiciales. Entre los mecanismos sociales y políticos se destacan: el cabildeo, mecanismo para impulsar leyes y proyectos, así como para influir en 19