actores con poder de decisión; mesas de diálogo, mecanismo de articulación con distintas autoridades, organizaciones, instituciones o personas vinculadas con el tema para identificar acuerdos y coordinar acciones destinadas a exigir la garantía de derechos; intentos de conciliación con las autoridades e instituciones que amenacen o violen derechos; movilización social y/o campañas, es decir acciones de presión para exigir de las autoridades competentes el cumplimiento de sus obligaciones; generación de opinión pública, es decir desarrollo de estrategias dirigidas a sensibilizar la sociedad en su conjunto y a involucrar comunicadores sociales y líderes comunitarios, para producir corrientes de opinión favorables a la garantía de los derechos de los reclusos y crear una matriz de opinión sobre las acciones que se estén impulsando, así como sobre los resultados obtenidos; redes de trabajo cuyo objetivo es propiciar el respeto de los derechos de los reclusos, en torno a un programa común; monitoreo y vigilancia tanto de la actuación del Estado como de las decisiones emprendidas por la propia sociedad; elaboración de investigaciones, documentos e informes que den cuenta de la situación de los derechos de la población reclusa, permitiendo presentar propuestas y generar debate sobre el tema. Todos estos mecanismos podrían ser utilizados en la agenda que se propone, pero requieren de la sociedad ciertas condiciones que se comentan a continuación. 5.2. Condiciones para la exigibilidad La exigibilidad de los derechos de los reclusos implica que la sociedad tenga capacidad de organizarse para la participación activa en las acciones dirigidas a tal fin. Es imprescindible, pues, desarrollar la capacidad de organización y participación social. Además es necesario que se conozcan, cabalmente, los contenidos e indicadores de cada uno de los derechos y garantías; que se identifiquen las obligaciones del Estado que se desprenden de los Pactos y Convenciones internacionales y de las leyes nacionales; que se conozcan y creen todos los mecanismos de exigibilidad; que se elaboren, apliquen y sistematicen instrumentos de recolección de datos que permitan ubicar los problemas, posibles salidas, derechos vulnerados y los responsables; que se identifiquen actores clave que puedan apoyar, colaborar y participar activamente en el proceso de exigibilidad de derechos; que se incorpore activamente a los familiares de los privados de libertad en las acciones de defensa de sus derechos. 5.3. Propuesta de una agenda alternativa Para la construcción de la agenda es necesario preguntarse y aclarar, primeramente, el término mismo de alternativa: ¿alternativa a qué? Pues, alternativa a las acciones, omisiones y desaciertos de Estado respecto a la garantía de los derechos humanos de la población reclusa; a las estrategias utilizadas hasta ahora por la población reclusa para hacer valer sus derechos: huelgas de hambre, huelgas de sangre, secuestro de familiares, es decir estrategias violentas, cuyos logros obtenidos no se sostienen en el tiempo, además de proyectar una imagen negativa; a las estrategias utilizadas por la sociedad civil organizada que se han caracterizado por estar desarticuladas, carentes de seguimiento y, como ya se mencionó, más centradas en instancias internacionales. Aclarado el punto, a continuación se sugieren el objetivo de la agenda, los principios que la orientan, los componentes que la integran y la organización social requerida para ejecutarla. 20