5.3.1. Objetivo: Diseñar e implementar un programa común con miras a lograr la garantía de los derechos humanos de la población reclusa, estableciendo las estrategias idóneas para lograrlo, así como las metas a corto, mediano y largo plazo. 5.3.2. Principios orientadores: descentralización; articulación a través de la conformación de redes(no de rediles); inclusión de todos los sectores(familiares de los reclusos, empresarios, universidades, políticos, iglesia, medios de comunicación, profesionales) además de las ya existentes organizaciones de defensa de los derechos humanos en general y de los reclusos en particular; sujeción a la normativa vigente en el país. 5.3.3. Componentes • Articulación de las organizaciones para conformar una red de defensa de los derechos humanos de la población reclusa, conservando cada una su naturaleza, particularidades y acciones propias, pero integrándose para realizar una tarea común. • Sensibilización de la sociedad en general, en el sentido de cambiar la percepción y cultura de la misma respecto al tema, partiendo de la idea de que se trata de defender los derechos de todos: de las víctimas, de los victimarios (reclusos) y de la sociedad en general, pues el entrenamiento de los reclusos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes propiciará la conquista de su ciudadanía, facilitando una exitosa reinserción social, reduciendo el riesgo para la comunidad. La sensibilización se haría por sectores utilizando la metodología audiovisual(por ejemplo: videos sobre la realidad penitenciaria) acompañada de foros, charlas para lo cual se movilizaría expertos en estrategias comunicacionales, estudiantes, voluntarios, etc. • Capacitación en derechos humanos que alcanzaría a los reclusos, sus familiares, funcionarios, jueces de control, juicio y de ejecución, miembros de las organizaciones especializadas, para lo cual se movilizarían expertos en derechos humanos, en educación de adultos, en diseño gráfico, en tecnología audiovisual, facilitadores, etc. Se trata de enseñar, concretamente, el contenido e indicadores de cada derecho, con lenguaje y metodología propia para cada población, así como las rutas que se utilizarían para la exigibilidad de los derechos. La capacitación se extendería a los propios miembros de la red, a fin de prepararlos para emprender acciones específicas. • Acción organizada para exigir de los responsables la garantía de los derechos, en las dimensiones judicial y administrativa, utilizando todas las estrategias posibles: solicitudes ante jueces de ejecución, amparos constitucionales, mesas de diálogo, cabildeo, movilización social, etc. Este componente se desarrollaría mediante programas específicos destinados a solucionar problemas concretos. Habría que hacer un inventario pormenorizado de los mismos. • Monitoreo, es decir, dar estricto seguimiento a todas las acciones emprendidas en defensa de los derechos de los reclusos, registrándolas y publicitándolas. 21