funcionarios o empleados públicos que hayan violado derechos en ejercicio de sus funciones. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de construir una agenda alternativa para la exigibilidad de los derechos humanos de la población penitenciaria. La actuación de las asociaciones de derechos humanos ha sido hasta ahora valiente y ejemplar, pero puede mejorar mediante una actuación planificada. 2.8. Presupuesto El análisis de los presupuestos que tradicionalmente han sido destinados para el funcionamiento de las prisiones y para la atención de los reclusos, revela que estos nunca fueron una prioridad para el Estado. Durante los últimos 50 años el porcentaje del presupuesto asignado a Prisiones, comparado con las demás Direcciones del Ministerio de Justicia, es irrisorio. En los años 90, cuando mayor presupuesto se le asignó a las prisiones, éste no pasó del 25% del presupuesto total del Ministerio. En los otros años osciló alrededor del 16%. Si comparamos el presupuesto destinado a prisiones con el PIB, este es absolutamente marginal, no superando jamás el 0.06%. III.- Actuación del ejecutivo y demás poderes públicos en materia de derechos penitenciarios durante los últimos 10 años. Aciertos y desaciertos El hermetismo de las fuentes y el sesgo que caracteriza la poca información oficial que se obtiene, no permite detallar las acciones del ejecutivo en materia de derechos humanos penitenciarios; lo más que se puede lograr es conocer las políticas diseñadas. Según las Memoria y Cuenta del Ministerio del Interior y Justicia(MIJ luego Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia- MPPIJ), entre 1999 y 2008 la política penitenciaria estuvo ceñida a los mandatos contenidos en el artículo 272 de la CRBV y tuvo como marco el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y el Primer Plan Socialista 2007 – 2013. Obsérvese que en ninguno de estos dos planes hay referencia alguna a lo penitenciario. La política penitenciaria de los últimos 10 años, con algunas peculiaridades, no se diferencia sustancialmente de las políticas elaboradas en los 40 años anteriores, visto que todas fueron concebidas para lograr la reinserción social del recluso, siendo las estrategias para ello siempre las mismas: mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y del personal; reducción del hacinamiento penitenciario e; implementación de programas educativos y laborales. En las Memoria y Cuenta las políticas aparecen confundidas con varios planes y proyectos que empiezan en el año 1999 con el Plan Estratégico de Gestión Penitenciaria 1999 – 2000 que pretendía, a corto plazo, masificar la participación de los reclusos en actividades productivas, deportivas, culturales y educativas, fortaleciendo debilidades detectadas en los programas de atención, proyectando obtener cooperación inter e intrainstitucional. En el año 2000, se conoce el Plan Justicia 2000 entre cuyas metas se destacaba la clasificación de reclusos, la agilización en el otorgamiento de los denominados beneficios penitenciarios y la remodelación de los establecimientos y el Plan Nacional de Seguridad, que pretendía remodelar y equipar nueve establecimientos, transferir a los gobiernos municipales la administración de las cárceles y crear el Instituto Autónomo Penitenciario. En el año 2001, 15