cual genera problemas de gobernabilidad en las prisiones y supone dificultades para garantizar la continuidad de políticas y planes. En efecto, entre 1999 y 2009 han transitado en el Despacho del Interior y Justicia diez ministros, cuyo cambio acarrea mudanzas en todo el tren ministerial. Asimismo, conspiraría contra el éxito de las políticas y planes la falta de especialización de los altos funcionarios del Ministerio, en cuanto a materia penitenciaria se refiere. Los nombramientos, en esta como en todas las décadas anteriores, tienen cariz político y en estos diez años se observa una tendencia a la militarización del Despacho. De los diez ministros, cuatro provenían del estamento militar, así como varios de los viceministros de Seguridad Ciudadana y directores de Custodia y Rehabilitación. Respecto a la actuación del Poder Judicial, además de la pobre actuación de los jueces de ejecución y su escaso compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos de los reclusos vale mencionar aquí, otra vez, el acentuado retardo procesal que ha generado una gran cantidad de casos de procesados con mas de 2 años privados de libertad, sin que se haya dictado sentencia condenatoria definitivamente firme. La actuación Poder Legislativo ha sido igualmente desafortunada, con las sucesivas reformas del COPP, acaecidas en los años 2001, 2006 y 2009, que produjeron significativos cambios en la fase de ejecución de penas(sobre todo la de 2001) dificultando enormemente el régimen de concesión de libertades hasta entonces previsto en la legislación venezolana. Los reclusos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, han emprendido una sostenida lucha en contra de dichas reformas y aparentemente han tenido éxito lográndose, por lo menos, calmar la situación de violencia que la actuación del Legislativo ha causado en las cárceles. Pero la calma dura hasta que los presos se percatan de que han sido burlados en su buena fe y que las reformas legales no fueron tan buenas como parecían ser. IV.- La sociedad civil venezolana frente a la situación de los derechos humanos de la población reclusa De forma general la sociedad, frente a la situación penitenciaria venezolana reacciona con indiferencia, cuando mucho con estupefacción, pero escasas veces con solidaridad hacia el padecimiento de los privados de libertad. Algunos más sensibles manifiestan repulsión hacia las condiciones infrahumanas en las que viven. Respecto a sus derechos humanos, la sociedad suele rechazar que se deba respetarlos, especialmente en momentos como el actual, donde se vive un innegable auge de la actividad delictiva, con manifestaciones realmente violentas, con una elevadísima tasa de homicidios y secuestros, cobijados con espeso manto de impunidad. Frente al planteamiento de que los reclusos tienen derechos y que es obligación estatal garantizarlos, la gente común se pregunta siempre quien garantiza el derecho de las víctimas y pide mas represión policial y penas mas severas para los victimarios, incluso la pena de muerte, lo cual es comprensible, pero inoperante para garantizar la paz social. No obstante, la historia penitenciaria revela que en los últimos 50 años algunos sectores de la sociedad, mayormente empresariales, religiosos y universitarios, se han involucrado con el problema y participado de diferentes maneras en acciones tendientes a resolverlos. Por ejemplo, algunos grupos empresariales y empresarios a título personal han contribuido, ofreciendo fuentes de trabajo a los reclusos, dentro y fuera de los establecimientos; las Damas Salesianas han dirigido por muchos años la guardería del Instituto Nacional de 18