social del penado constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena”. 2.2. La deficiencia, inconsistencia, insuficiencia y descoordinación de las políticas penitenciarias. La falta de visión sistémica Durante los últimos 50 años todas las políticas ministeriales tuvieron el mismo fin declarativo: lograr la rehabilitación y reinserción social del recluso, así como humanizar las cárceles. Para ello se refirieron, de forma recurrente, a la construcción y reparación de los establecimientos penales, al incremento y capacitación del personal penitenciario; a reformas legales y a las estrategias del“tratamiento” resocializador. Ciertamente, las políticas han derivado en innumerables planes, pero considerando la situación penitenciaria por todos conocida, es dado suponer que las políticas no pasaron de ser cartas de buenas intenciones y que los planes no transcendieron del papel, permaneciendo dentro de las fronteras de la sede del Ministerio de Justicia. Las políticas y planes siempre carecieron de visión sistémica, tanto a lo interno como a lo externo. En efecto, a lo interno no consideraron la absoluta interdependencia de los tres elementos que integran el sistema penitenciario-edificaciones, personal y población reclusa- y a lo externo no lograron la inclusión de todos los sub-sistemas que componen el Sistema de Administración de Justicia -el policial y el judicial- así como de las demás instituciones que se relacionan con lo penitenciario(Fiscalía, Defensoría, el Poder Legislativo, las organizaciones de Derechos Humanos, etc.) cuya actuación puede impactar positiva o negativamente el sistema, y que muchas veces condicionan su funcionamiento. Durante algunas gestiones ministeriales se llegó a concretar acciones tendientes a coordinar las entidades gubernamentales involucradas y durante todo el período mencionado, el Ministerio contó con el apoyo de instituciones públicas y privadas, pero ello no ocurrió de forma sostenida y eficaz. La visión sistémica es clave, pues lo penitenciario es el último eslabón de la cadena dentro del Sistema de Administración de Justicia Penal que, a su vez, está inserto en las condiciones socio-políticas del país. Por ejemplo, la población reclusa es el resultado del aumento de la criminalidad, así como de la acción policial y judicial. El retardo procesal, causa fundamental del hacinamiento que, a su vez, genera la mayoría de los problemas que aquejan el sistema penitenciario, es atribuible a los jueces, de modo que su fracaso se distribuye entre varios entes estatales diferentes al Ministerio de Justicia, sobre los cuales este Ministerio no tiene ninguna autoridad y control. La impresionante cantidad de diagnósticos y planes habidos durante los últimos 50 años hablan de la inconsistencia de las políticas. Ningún plan se sostuvo en el tiempo y muchos fueron episódicos, es decir, se destinaron a resolver problemas coyunturales. La inconsistencia en las políticas y la insostenibilidad de los planes, se debe a varios factores, entre éstos la inestabilidad de los funcionarios de alta jerarquía en sus cargos. Durante los 50 años de la era democrática, han ejercido funciones 35 ministros de Justicia, con promedio de 1 año y 4 meses de permanencia en los cargos, tiempo que se invirtió primero en entender la lógica del Despacho y el funcionamiento de las unidades que lo integran, entre ellas las prisiones, y luego en establecer sus propias políticas, cediendo siempre a la tentación de desconocer lo realizado por la gestión anterior. Luego, se agotaba su tiempo. Recuérdese, además, que el cambio de ministro implica mudanzas en todo el tren ministerial, incluyendo los Directores de Prisiones(u otro nombre que se dé a la dirección) y los directores de los establecimientos. 12