se encuentra mencionada como política la privatización de los establecimientos penitenciarios, desprendiéndose de ella un detallado plan para iniciar la concesión de cárceles a empresas aprobadas. En aquel año, se formula la Política Penitenciaria 2001 – 2003 donde se establecen los lineamientos generales para la modernización del sistema penitenciario, en el marco del convenio suscrito por el Ministerio del Interior y Justicia y el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y de la cual se desprenden una serie de ambiciosos proyectos y programas de capacitación del personal penitenciario y de la población reclusa. En el año 2002, la política del Despacho estuvo dirigida a“contribuir a la humanización y modernización de los centros penitenciarios como instrumentos de educación para la libertad”, a través de las consabidas obras de infraestructura, la formación de los reclusos en cooperativismo, y la aplicación de un“ nuevo” régimen penitenciario basado en buena alimentación, servicios médicos, instalaciones y vigilancia adecuada, programas de trabajo, en fin, lo de siempre. Obsérvese que en cumplimiento del mandato del artículo 272 de la CRBV, en los años 2000, 2001 y 2002 el Ministerio elabora un plan y acomete acciones puntuales para descentralizar la administración de los establecimientos penitenciarios hacia las entidades federales y municipales, pero después del año 2002 se abandona el tema, lo cual luce lógico, vista la tendencia centralizadora que se fue imponiendo en el país en los últimos años. Finalizando el año 2004, el Ejecutivo Nacional decreta una Emergencia Carcelaria, creando una comisión presidencial para atenderla. Dicha comisión evaluaría la situación de los centros de reclusión y en consecuencia propondría directrices, planes y estrategias dirigidas a solucionar los problemas detectados, para garantizar los derechos humanos de la población reclusa, específicamente su derecho a la celeridad procesal. Fue a consecuencia de la Emergencia que se define la realización de un estudio detallado de la situación penitenciaria del país, realizado por un grupo integrado por 110 especialistas, 550 luchadores sociales del Frente Francisco de Miranda y 52 cubanos, quienes llevaron el peso fundamental en el diseño y ejecución de la actividad. El trabajo que comprendió varias fases y abarcó los treinta establecimientos penales del país, se realizó entre junio y septiembre de 2005 y versó sobre la caracterización socio-criminológica de la población penal, sobre la administración penitenciaria y sobre los aspectos operativos del sistema. El resultado fue el documento denominado“Situación Actual del Sistema Penitenciario Venezolano. Resultado del Diagnóstico”, a consecuencia del cual la Dirección General de Custodia y Rehabilitación de MIJ diseñó el Proyecto de Humanización del Sistema sobre el cual no existe ninguna explicación en los documentos oficiales a los que se pudo acceder. Pero, a través de los informes de PROVEA, se pudo conocer que dicho proyecto fue concebido para una duración de seis años(2006 – 2011) y que tendría un costo aproximado de 1,9 billones de bolívares(antiguos). Contempla tres ejes fundamentales: una nueva institucionalidad, que implica la creación de un ente o Servicio Autónomo desconcentrado, en la entonces Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso; el desarrollo de una nueva cultura organizacional, así como un nuevo sistema de gestión penitenciaria y el mejoramiento de la infraestructura. En el año 2007 las políticas no tienen diferencias con los años anteriores: el lineamiento fundamental del Ministerio consistió en atender a la dignidad humana de la población penitenciaria, basada en un enfoque de derechos y reinserción social, donde la participación de las familias y comunidades organizadas en la toma de decisiones son consideradas fundamentales para la construcción de una democracia participativa. Con 16