Otro factor que ha conspirado contra la sostenibilidad de las políticas y planes fueron errores en el propio diseño, debido a la falta de especialización en materia penitenciaria de los altos funcionarios del Ministerio. Salvo honrosas excepciones las personas llegaron a los cargos a aprender, rigiendo su actuación por el ensayo y error, desafortunadamente más error que ensayo. Igualmente se destaca la falta de monitoreo y evaluación en el seguimiento de los planes, confirmándose así la tendencia general reveladora de una idiosincrasia propia del país: importa más el proceso que los resultados. 2.3. La centralización del sistema y la burocracia La centralización del sistema y la burocracia que caracteriza la gestión penitenciaria, ambas cosas muy vinculadas, son factores que obstaculizan la implementación exitosa de políticas, planes y programas y por ende el respeto de los derechos humanos. En efecto, el monopolio que ejerció-y sigue ejerciendo- el poder central, por vía del Ministerio del Interior y Justicia, sobre el sistema aleja mucho el problema de su solución. Entre ambos existe toda una cadena burocrática que dificulta resolver las situaciones que se plantean, impide los controles y favorece la corrupción. Por otra parte, el centralismo favorece la elaboración de políticas, planes y programas únicos, es decir, aplicables a todo el país, ignorando las condiciones socioeconómicas, la idiosincrasia y las necesidades propias de cada región, donde se ubican los establecimientos penitenciarios. Asimismo, la estructura administrativa ministerial es una carga para la solución de cualquier conflicto, es decir, la engorrosa burocracia retarda la respuesta a los problemas y representa un enorme gasto. Las instancias inútiles y los pesados manuales de procedimientos internos, pueden explicar el hecho de que las políticas no se concreten y que los planes no se ejecuten. 2.4. Deficiencias de la infraestructura penitenciaria Obviamente, la insuficiencia y el ruinoso estado de los establecimientos penitenciarios venezolanos inciden en el elevado índice de hacinamiento que se observa en las cárceles venezolanas y propicia la violación de todos y cada uno de los derechos a los que se hizo referencia anteriormente. Obsérvese que entre 1959 y 2008, la capacidad de los establecimientos aumentó aproximadamente en un 255%, pero aun así el hacinamiento no se eliminó pues la población reclusa sufrió un aumento del 299.75% durante el mismo lapso, lo cual no es atribuible al Ministerio de Justicia, sino a los otros factores como el aumento de la criminalidad y el retardo procesal. Parece ser que la construcción de cárceles, por sí sola, no es la solución. 2.5. Deficiencias del personal penitenciario A pesar de los esfuerzos oficiales y del apoyo de varias instituciones internacionales y gobiernos extranjeros para mejorar cuantitativa y cualitativamente el personal de las prisiones, este, en todos los niveles-directivo, técnico, administrativo y de custodia-, es insuficiente, indolente, desmotivado y poco preparado para las tareas que le toca realizar; además, es laboralmente maltratado pues, además de subpagado, al carecer de carrera profesional su situación es de desamparo, inestabilidad y precariedad. Con este perfil mal se puede esperar de su parte una gestión respetuosa de los derechos humanos de los reclusos. 13