actividades de cada entidad; prohíbe las cam­pañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos y suspende la publicidad durante el período eleccionario. El Reino Unido, por su parte, contó hasta este año con una Oficina Central de Información y Comunicación(Central Ofice of Information) que centralizó tanto el diseño de campañas de marketing y comunicación para el gobier­no, como la investigación, control y auditoría del gasto del gobierno central en comunica­ción e información. En el marco de la actual crisis financiera y económica que afecta al país la COI fue una de las agencias que el go­bierno británico decidió cerrar y re-distribuir sus competencias; no obstante todavía se pueden acceder a los completos informes que durante años realizó para diseñar, monitorear y transparentar las campañas publicitarias del gobierno. 2 Perú también cuenta con una ley que regula la Publicidad Oficial desde agosto de 2006 3 . La norma tiene por objetivo, entre otros, es­tablecer criterios generales para el uso de los recursos presupuestarios en materia de publi­cidad oficial. La ley exige que las campañas se planifiquen y que se justifiquen técnicamente los medios de comunicación seleccionados para emitirlas. Asimismo, la ley prohíbe que los fondos públicos sean destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección po­pular o a un partido político. 2 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/201204060 35308/http://www.coi.gov.uk/documents/coi-annualre port2010-11.pdf 3 Ley 28.874 del Perú, sancionada el 14 de agosto de 2006. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org/ web_files/download/articulos/adjuntos/Ley-28874-de­Publicidad-Estatal-pdf-1586.pdf. Cabe destacar que la norma no habría logrado eliminar la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria, en parte como consecuencia de su falta de reglamentación. 12 II.4. Breve historia de la asignación de publicidad oficial en Uruguay El uso abusivo y arbitrario de los fondos des­tinados a publicidad por parte de diferentes organismos estatales ha sido un problema en la relación gobierno-medios, sobre todo en la primera década y media del Uruguay pos dic­tadura. En ese período la sociedad asistió en varias oportunidades a episodios de abusos en la distribución de estos recursos, que incluso fueron objeto de investigaciones judiciales que culminaron con el procesamiento de fun­cionarios políticos. A partir del gobierno presi­dido por Jorge Batlle y en los dos siguientes del Frente Amplio la situación se muestra bajo niveles de discrecionalidad más acotados. Actualmente, en distintas oportunidades re­surge la polémica por la discrecionalidad de la que disponen grandes avisadores del Estado (como las empresas públicas) para manejar sus presupuestos publicitarios. El ex ministro de Industria Jorge Lepra decía al respecto: «Desde la actividad privada pude ver cómo año a año ANCAP (la petrolera estatal), empre­sa monopólica, gastaba millones de dólares en publicidad, cuando las otras tres empresas que competían en el mercado(de distribu­ción), sumadas, gastaban menos de un tercio de lo que gastaba ANCAP y hablamos de tres de las siete hermanas(se refiere a las grandes multinacionales del petróleo)».( GMS : 2010) En 1999 el semanario Brecha publicó una in­vestigación sobre la discriminación en el otor­gamiento de publicidad oficial en una famosa campaña de ANTEL . El cuestionamiento generalizado al clientelis­mo llevó a tomar algunas medidas. Ya desde la Presidencia de Jorge Batlle(2000-2005) no se cayó en el tradicional reparto arbitrario que cada gobierno anterior había hecho de las fre­cuencias de radiodifusión; ni bajo su gobierno se presionó a los medios para tratar o dejar